Washington, 26 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este miércoles que la Casa Blanca y otras agencias federales podrán seguir pidiendo a las plataformas de redes sociales que eliminen cierto contenido que pueda llevar a la desinformación, una decisión clave para el país y el Gobierno de Joe Biden en este año electoral.
Por 6 votos contra 3, la Corte Suprema rechazó el esfuerzo liderado por los republicanos para limitar esta capacidad y desestimó así la petición de los gobiernos de Misuri y Luisiana, además de varios usuarios de redes, quienes presentaron una demanda acusando a la Administración de Biden de ejercer censura y violar con ello la Primera Enmienda (la de la libertad de expresión).
La relevancia del caso, cuya audiencia se celebró en marzo, era notable, pues podría haber servido para fijar las normas para la libertad de expresión en internet, dado que debía decidir hasta dónde puede llegar el Gobierno federal para combatir publicaciones polémicas en redes sociales sobre temas como la covid-19 y las elecciones.
Pero en lugar de profundizar en las cuestiones de la Primera Enmienda planteadas, el tribunal dictaminó que el Estado y los usuarios de las redes sociales que desafiaron a la Administración de Biden no tenían legitimación activa para demandar.
“Para establecer su legitimación, los demandantes deben demostrar un riesgo sustancial de que, en un futuro cercano, sufrirán un daño que se pueda rastrear hasta un demandado del gobierno y que pueda repararse mediante la orden judicial que solicitan” y “debido a que ningún demandante ha soportado esa carga, ninguno está legitimado para solicitar una orden judicial preliminar”, apuntó la jueza Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión.
A raíz de la pandemia de coronavirus, los funcionarios de la Administración de Biden iniciaron una campaña para persuadir a las plataformas de redes sociales para que eliminen publicaciones que contengan información errónea sobre las vacunas, la pandemia o, previamente, las elecciones de 2020. Todo ello con el argumento de que muchas de esas publicaciones iban en contra de las propias políticas de las plataformas.
En 2022 funcionarios republicanos de los gobiernos de Misuri y Luisiana demandaron a la Casa Blanca por atentar contra la Primera Enmienda, que impide que el Ejecutivo censure y castigue a quienes expresen sus opiniones.
Pero este miércoles el máximo tribunal del país estimó que los estados y los individuos no podían demostrar que fueron perjudicados directamente por la comunicación entre los funcionarios federales y las redes sociales.
Según la jueza Barrett, además, compañías como Facebook y YouTube tienen políticas de moderación de contenido de larga data y los impugnantes no demostraron que las acciones de las empresas para eliminar publicaciones fueran atribuibles al gobierno.
En Estados Unidos no existen normas que regulen específicamente los límites de la libertad de expresión en las redes sociales. Ante la ausencia de esta legislación, el Tribunal Supremo está adquiriendo un papel cada vez más importante.
