Washington, 1 jul (EFE).- El Comité Judicial de la Cámara de Representantes estadounidense demandó este lunes al fiscal general, Merrick Garland, por negarse a publicar las grabaciones del presidente, Joe Biden, en un caso de mal manejo de documentos clasificados.
La demanda fue presentada en un tribunal de distrito de DC y supone un último intento de obtener las grabaciones de audio de las entrevistas del ex fiscal especial Robert Hur con Biden.
El comité liderado por los republicanos pide a la corte que anule el privilegio ejecutivo sobre las grabaciones y obligue a Garland a entregárselas al Congreso.
Las cintas son fundamentales para las conclusiones de Hur de no acusar a Biden de mal manejo penal de registros clasificados e incluyen una grabación en la que Hur afirma que es un “anciano bien intencionado y con mala memoria”.
Los republicanos afirman en su denuncia que las grabaciones son decisivas para evaluar el estado mental del presidente, cuyo escrutinio ha aumentado tras su desempeño en el debate contra el exmandatario Donald Trump (2017-2021) la semana pasada.
El Departamento de Justicia ha luchado contra la publicación, alegando que hacer público el audio de Biden en una entrevista a puerta cerrada sería una violación de su privacidad y podría perjudicar su capacidad de grabar futuras entrevistas con testigos.
El pasado 12 de junio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó una resolución que declaraba en desacato a Garland por negarse a publicar las grabaciones.
Hur rechazó en febrero pasado procesar a Biden por mal manejo de unos documentos clasificados de su época como vicepresidente, entre 2009 y 2017, aunque en un duro informe puso en cuestión su memoria y capacidades mentales.
En respuesta, los republicanos hicieron un pedido de la grabación de los interrogatorios, pero el Departamento de Justicia rechazó su publicación y se ha escudado hasta ahora en que sí difundió una transcripción.
Garland se convirtió en el tercer fiscal de la historia de Estados Unidos declarado en desacato por el Congreso.
