Lima, 15 sep (EFE).- Medio año después de haber sido el primer país de Latinoamérica en decretar la cuarentena obligatoria por la COVID-19, Perú es uno de los epicentros de la pandemia con más de 730.000 contagios y casi 31.000 muertes, pero el virus ha sido eclipsado por el juicio político al presidente Martín Vizcarra.
Apenas diez días después de la aparición del primer caso de coronavirus en Perú, en el mes de marzo, el Gobierno decretó la emergencia sanitaria y una cuarentena estricta que cerró toda actividad económica en el país para contener el avance de la enfermedad.
Esta medida provocó que Perú sufra, a raíz del confinamiento de marzo a julio, la peor caída en su PIB de las últimas décadas, la pérdida de más de seis millones de puestos de empleo, y que gastara 12% del PIB para reforzar su empobrecido sistema de salud y mantener las cadenas de pago en el sistema privado.
Ninguna proyección sobre la contención de la enfermedad se cumplió en el país hasta agosto, cuando finalmente la curva de contagios comenzó a bajar, al igual que el ritmo de fallecimientos y hospitalizaciones en varias regiones peruanas.
BAJAN CONTAGIOS, MUERTES Y HOSPITALIZADOS
Perú es actualmente el quinto país a nivel mundial con mayor número de contagios, al acumular 733.860 casos, de los que más de 4.200 se confirmaron en las últimas horas, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud.
Sin embargo, a nivel nacional hubo un descenso del 29% en el número de nuevos casos de COVID-19 al registrarse casi 15.000 menos que los 36.323 de la semana anterior.
Algunas regiones del país han comenzado a reportar importantes descensos en el número de casos, como Cusco, que en septiembre bajó un 54 % el número de contagios respecto a fines de agosto, según informó el Seguro Social de Salud (EsSalud).
Con respecto a la cifra de decesos, que ha colocado a Perú como el país con la mayor tasa a nivel global, al registrar 94 muertes por cada 100.000 habitantes, se ubica en 30.812 fallecidos por la pandemia, con 102 en las últimas 24 horas, el número más bajo en los últimos cuatro meses.
La caída en la cifra de fallecidos es de aproximadamente del 61%, entre el 10 de agosto y el 12 de septiembre, según explicó el estadístico Farid Matuk, que fue miembro del grupo de expertos que asesora al Gobierno para hacer frente a la pandemia.
En la misma línea, el número de enfermos hospitalizados ha comenzado a bajar en Perú y se ubica en 10.002, después de haber superado las 14.000 camas ocupadas en los centros de salud en agosto último.
LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
Este martes, Vizcarra participó en una campaña para hacer pruebas rápidas y chequeos de salud a ancianos y pobladores vulnerables en el distrito de Villa María del Triunfo, al sur de Lima.
“En estos últimos días, vemos una luz al final del túnel, porque los indicadores de contagios y personas que fallecen han ido disminuyendo gradualmente, pero no podemos confiarnos”, expresó el jefe de Estado en este lugar.
“El enemigo no se va a rendir, el COVID no se va a rendir y tenemos que derrotarlo”, agregó.
El mandatario resaltó que “en el norte y el oriente la pandemia está estabilizándose a la baja; en el centro y sur ha empezado a descender. Seguimos poniendo un gran esfuerzo en la sierra sur para alcanzar los mismos indicadores”.
De esta forma, Vizcarra intenta por todos los medios recuperar la atención de la ciudadanía hacia las medidas de prevención de la enfermedad, después de que una serie de audios grabados por su exsecretaria Karem Roca generasen una nueva crisis política en su gobierno.
TRAICIÓN EN PALACIO
Los audios parecen confirmar coordinaciones que Vizcarra hizo con su personal de confianza en Palacio de Gobierno para deslindar su responsabilidad en la contratación del cantante Richard Swing en el Estado, un controvertido personaje que conocía desde la campaña electoral de 2016.
Vizcarra dijo que no veía a Swing desde esa época, pero los registros de Palacio tenían varias visitas del cantante al despacho del jefe de Estado que sus secretarias intentaron negar, según se desprenden de esos audios.
El Congreso, dominado por la oposición que se resiste a la reforma electoral planteada por Vizcarra, entre otros temas de combate a la corrupción, encontró en ese escándalo la oportunidad para tentar la destitución presidencial.
No obstante, Vizcarra ha desnudado que el titular del Congreso, Manuel Merino, tocó las puertas de las Fuerzas Armadas mucho antes de la difusión de los últimos audios de Roca con el presunto interés de complotar en su contra.
Además, el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, confirmó que allegados al partido de Merino se comunicaron con él para pedirle su apoyo en un eventual Gobierno presidido por este, tras la salida de Vizcarra del cargo.
GOBIERNO RECUPERA RESPALDO
El Ejecutivo ha pedido al Tribunal Constitucional que aclare si el Parlamento puede destituirlo por “incapacidad moral”, como plantea el Legislativo, o puede esperar a una investigación, que está en curso en la Fiscalía, y sancionarlo al final de su gestión, en julio del próximo año.
Con las movidas de Merino, varios grupos en el Parlamento le han quitado el apoyo a la moción de destitución y se complica la posibilidad de que la vacancia de Vizcarra reúna los 87 votos necesarios.
Una encuesta de la empresa Ipsos publicada este martes señaló que el 79% de la población considera que el mandatario debe seguir en el cargo, a pesar de que el 41% cree que tuvo una conducta incorrecta en el caso de Richard Swing.
El 19 % considera que Vizcarra no ha cometido ninguna falta y que todo es un complot de la oposición, otro 28% piensa que ha tenido una conducta grave al mentir y que debería ser investigado al final de su mandato, mientras que 9% está de acuerdo con su destitución o renuncia.
