Bogotá, 15 sep (EFE).- La herida del secuestro, del cual fueron víctimas miles de personas durante el conflicto armado, sigue siendo una herida abierta en la sociedad colombiana que espera que el pedido de perdón de la antigua guerrilla de las FARC sea el punto de partida para la justicia y la reparación.
Ocho miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) que hicieron parte del Secretariado, máximo órgano de decisión de la guerrilla, hicieron el lunes un mea culpa para “pedirle perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias”, declaración bien valorada por los colombianos pero insuficiente para pasar la página.
“El secuestro sólo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”, añade el mensaje de reconocimiento, esperado por el país desde que las FARC firmaron el acuerdo de paz, en noviembre de 2016.
La magnitud y gravedad de este crimen se puede constatar en el carácter prioritario que le dio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuando el 4 de julio de 2018 abrió el primero de siete grandes procesos por el conflicto armado, el llamado “Caso 01”, relacionado con “el secuestro de personas por parte de las FARC entre 1993 y 2012”.
UNAS 20.000 VICTIMAS DEL SECUESTRO
Según la JEP, en este proceso se investigan “más de 9.000 hechos ocurridos durante esos 19 años” y hasta el momento 2.107 víctimas han sido acreditadas, pero en la primera etapa de la investigación la “Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas” del tribunal “ha encontrado que las víctimas pueden llegar a ser más de 20.000”.
La cifra, aunque escalofriante no sorprende si se tiene en cuenta que la Fundación País Libre llegó a contabilizar 3.706 casos de secuestro en el año 2000, no solo cometidos por las FARC y otros grupos armados ilegales sino por la delincuencia común, que en muchos casos hizo tenebrosas alianzas con los grupos guerrilleros a los que “vendía” cautivos.
De esa industria criminal, con la que las FARC financiaban en parte su actividad, fueron víctimas civiles de todas las condiciones sociales así como políticos, policías y militares tomados cautivos a montones por la guerrilla al terminar los sangrientos asaltos a pueblos remotos de todo el país.
“Es positivo que ahora ya reconozcan el secuestro”, dijo a Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, quien cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres tras la toma de Mitú, capital del selvático departamento del Vaupés, en los primeros días de noviembre de 1998 y permaneció cautivo casi 12 años, hasta el 13 de junio de 2010, cuando fue rescatado en una operación militar.
La propia JEP llama al caso de los secuestros “Retención ilegal de personas por parte de las FARC” porque ese el término usado por la Fiscalía General en el informe presentado a ese tribunal, y por eso la satisfacción de Mendieta con el hecho de que los responsables hablen por fin de secuestro.
“Ellos (las FARC) siempre han hablado (…) de prisioneros de guerra, que ahora acepten el secuestro ya es un punto de avance, pero falta muchísimo más”, dice el oficial retirado, quien también rechaza el uso de los términos “aprehensión” o “retención”.
VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION
En ese sentido, el Gobierno también saludó el paso dado por líderes de la FARC en su declaración de la víspera, en la que aseguran que tras hacer una “reflexión profunda” sobre el conflicto armado del cual fueron protagonistas por más de 50 años, quieren “decirles que el secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos”.
“Es importante que el partido FARC reconozca su responsabilidad en el grave flagelo del secuestro en Colombia. También lo es que ahora llamen las cosas por su nombre y no sigan hablando de retenciones”, manifestó hoy el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
Tras el reconocimiento del secuestro y toda la tragedia que ello supuso y aún supone para miles de personas, la sociedad colombiana espera que las FARC y la propia JEP avancen en lo que prevé el acuerdo de paz, que es la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
“Recibimos la comunicación del partido FARC y algunos de sus miembros referidos al secuestro con mediano optimismo, es un avance significativo, es un avance importante en la reconciliación y en el conocimiento de la verdad”, aseguró por su parte el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
La declaración de la FARC está firmada por el presidente del partido y último jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño, y por otros antiguos mandos, algunos de ellos miembros del Congreso, como Julián Gallo, Pablo Catatumbo Torres, Jaime Alberto Parra, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Juan Emilio Cabrera y Rodrigo Granda.
“Los nuevos reconocimientos de los antiguos miembros de las FARC y su disponibilidad de brindar verdad, son el camino correcto. Y ejemplo para los demás protagonistas”, expresó el exjefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz en La Habana, Humberto de la Calle.
SECUELAS DE POR VIDA
Mendieta considera que la verdad es fundamental porque la sola admisión del secuestro y pedido de perdón de los miembros del partido FARC no es suficiente ya que “para las víctimas es muy difícil pasar la página por las secuelas físicas y síquicas que quedan”.
“Todo es supremamente difícil en el secuestro por las privaciones, las limitaciones, los tratos crueles, inhumanos y degradantes; en la vida diaria, la falta alimentación adecuada, de un lugar para pasar la noche, del vestuario, de las medicinas; las cadenas, los candados; (estar) atados al cuello, amarrados a los árboles, las extenuantes caminatas de días, meses, todo eso es supremamente difícil”, agrega.
Sin embargo, no todos los secuestrados por las FARC tuvieron la suerte de regresar porque muchos murieron en cautiverio o fueron ejecutados al intentar escapar o en respuesta a operaciones de rescate.
En septiembre pasado, durante una audiencia del “Caso 01” con exjefes de las FARC, la Procuraduría General (Ministerio Público) presentó un informe en el que señaló que al menos 522 personas que fueron secuestradas por esa guerrilla murieron en cautiverio.
Uno de los casos que más marcaron al país fue el secuestro, el 11 de abril de 2002, de doce diputados del departamento del Valle del Cauca, once de los cuales fueron asesinados durante una operación de rescate en junio de 2007, después de permanecer cinco años en cautiverio en las selvas del suroeste del país.
Otros, como la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y once policías y militares colombianos recuperaron la libertad en una operación militar el 2 de julio de 2008, después de varios años de secuestro, pero de muchos su rastro se perdió en la selva pese a los cuales sus familiares aún los esperan.
“A pesar de que ya han pasado diez años de mi liberación yo me sigo soñando en el secuestro, me sigo soñando con las cadenas, con los candados, con las situaciones difíciles que allá vivimos, esa secuelas son de por vida”, resume Mendieta.
