Washington, 19 nov (EFE).- Los grupos que abogan por los migrantes y legisladores hispanos pusieron hoy las esperanzas de proteger a millones de indocumentados en las manos de los demócratas del Senado, tras la aprobación de una legislación en la Cámara de Representantes que daría permisos de trabajo pero no un camino a la ciudadanía.
La Cámara aprobó este viernes el plan de gasto social del presidente, Joe Biden, que pasa ahora al Senado, donde se espera que pase por el proceso de reconciliación, que permitiría la aprobación con la mayoría simple de 51 votos.
El paquete social, bautizado en inglés como “Build Back Better” (“Reconstruir mejor”), está valorado en 1,75 billones de dólares que incluyen fondos para inmigración.
La propuesta otorgaría permisos de trabajo y protecciones de largo plazo para cerca de 7 millones de inmigrantes que puedan demostrar su presencia en EE.UU. antes del 1 de enero del 2011.
EN LAS MANOS DEL SENADO
Raúl Ruiz, demócrata de California y presidente del Caucus Hispano del Congreso, urgió hoy al Senado a que “proteja los permisos de trabajo y otras protecciones”, con la esperanza de que la Cámara Alta “cree una senda para la naturalización” de estos inmigrantes.
Si la medida es ratificada en el Senado permitirá que los inmigrantes elegibles tengan un permiso de trabajo por hasta 10 años. La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que esto favorecería a unos 6,5 millones de extranjeros.
La legisladora Linda Sánchez, demócrata de California, calificó como “históricas” las protecciones contra la deportación contenidas en la ley, y aseguró que con al amparo de otras cláusulas “millones de familias inmigrantes podrán, finalmente, participar de manera plena en nuestra economía contribuyendo al país que consideran suyo”.
LEGISLACIÓN IMPERFECTA
“Si bien son imperfectas, las estipulaciones migratorias en la legislación pueden transformar las vidas de millones de inmigrantes y familias en todo el país”, sostuvo Jorge Loweree, director en el Consejo Estadounidense de Inmigración.
La legislación aprobada “también incluye mejoras críticas en nuestro sistema migratorio que ayudan a que los individuos y los empleadores, atascados en un limbo por demasiado tiempo, obtengan la seguridad de un estatus permanente”, añadió Loweree.
Frank Charry, director de America’s Voice, explicó que la legislación “provee permisos de trabajo y protecciones contra la deportación a los inmigrantes indocumentados por 10 años, para quienes han vivido en Estados Unidos durante más de una década”.
“Ésta no es la vía a la ciudadanía que buscábamos, pero apoyamos esta medida porque mejora significativamente la situación actual”, agregó. “Además, creemos que es un paso importantísimo hacia el objetivo de la ciudadanía para todos”.
DECEPCIONADOS POR LA FALTA DE UN CAMINO A LA CIUDADANÍA
Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) sostuvo que la Cámara “ignoró nuestros pedidos de una senda hacia la ciudadanía y perdió una oportunidad de obtener la residencia permanente para millones”.
“Los grupos de inmigrantes por meses hemos indicado claramente nuestras demandas: una senda amplia a la ciudadanía con acceso a las ‘tarjetas verdes’. No más remedios temporales”, agregó. “Estamos profundamente decepcionados”.
También expresó su decepción Bridgette G+omez, directora de We Are Home, quien añadió que las comunidades migrantes “quieren y merecen” una senda hacia la ciudadanía.
Allen Orr, presidente de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA) indicó que “si bien esta legislación no ofrece la reforma muy necesaria que provea una senda al estatus legal permanente y la ciudadanía, sí ofrecerá seguridad a unos 7 millones o más de personas”.
Benjamin Johnson, el director ejecutivo de AILA, agregó que “ésta no es una ley perfecta, pero dará a las familias y a las empresas algo de estabilidad y seguridad”.
Los esfuerzos de las organizaciones proínmigrantes se enfocarán en el Senado, y en pedir que en el proyecto se incluya un camino a la ciudadanía.
“Continuaremos luchando por la ciudadanía para los más de 11 millones de indocumentados en este país y hacemos responsables a los demócratas de las promesas que hicieron a la comunidad inmigrante”, insistió la organización Raíces.
