Los Ángeles, 27 jun (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, en inglés) anunció este jueves cargos penales contra 193 personas, incluidos 76 médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, por su presunta participación en varios fraudes en la atención médica que dejaron 2.750 millones de dólares en pérdidas.
Las acusaciones hacen parte de la Acción Nacional contra el Fraude en la Atención Médica de 2024, que logró la confiscación de más de 231 millones de dólares en efectivo, vehículos de lujo, oro y otros activos, explicó en un comunicado el DOJ.
En coordinación con otras agencias federales, estatales y locales, los fiscales lograron encausar a sospechosos de fraudes, incluido un plan para estafar más de 900 millones de dólares por injertos de piel a pacientes de la tercera edad que no lo necesitaban, así como un engaño de más de 90 millones de dólares en la distribución de medicamentos contra el VIH adulterados y mal etiquetados.
También hubo acusaciones a sospechosos de defraudar 146 millones de dólares en tratamiento de adicciones, más de 1.100 millones de dólares en fraudes de laboratorio y telemedicina y más de 450 millones en otros fraudes en la atención médica y esquemas delictivos para vender opioides.
“No importa si usted es un traficante de un cartel de la droga o un ejecutivo corporativo o un profesional médico empleado por una empresa de atención médica, si se beneficia de la distribución ilegal de sustancias controladas, tendrá que rendir cuentas”, precisó el Fiscal General de EE.UU., Merrick Garland, en una conferencia de prensa donde se hizo el anuncio.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas dijo que con las acusaciones se envía “un mensaje claro y contundente” a los proveedores de atención médica “que se aprovechan de sus pacientes para obtener ganancias y hacen caso omiso de la primera regla de la atención médica: no hacer daño”.
El operativo nacional fue dirigido por la Unidad de Fraude en Atención Médica del DOJ y otras tres agencias federales, con apoyo de decenas de autoridades locales y estatales en 32 distritos federales, que incluyen estados como Arizona, Texas y Florida.
