Ciudad de México, 3 oct (EFE).- La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este jueves un paquete de reformas al Senado mexicano, con miras a garantizar la igualdad y una vida libre de violencia a las mujeres, en medio de una crisis de violencia machista que deja un promedio de 10 asesinadas al día.
Estas son las claves de las iniciativas, que modifican seis artículos de la Constitución (4, 21, 41, 73, 116 y 123) y siete leyes secundarias, anunciadas por la presidenta desde su campaña y presentadas en su segunda conferencia matutina junto a Ernestina Godoy, jefa de Oficina de la Presidencia, y Citlali Hernández, titular de la nueva Secretaría de las Mujeres, creada por Sheinbaum.
Igualdad sustantiva
Sheinbaum explicó que la mayor reforma será al Artículo 4 de la Constitución, “que incorpora derechos de igualdad sustantiva, que tiene que ver no solamente en la igualdad de las mujeres y hombres frente a la ley”.
“Además, todas las leyes y todas las disposiciones en nuestro país tienen que considerar las particularidades de las mujeres y sus derechos humanos”, indicó la presidenta, aunque no adelantó la nueva redacción.
Vida libre de violencia
Sheinbaum agregó que la propuesta del artículo 4 también establece “el derecho a todas las personas a una vida libre de violencia”, y en ese mismo artículo -y el 21- se dispone que “el Estado tiene deberes reforzados con las mujeres e infancias para una vida libre de violencia”.
Además, en el artículo 73 se agrega que “la Federación conocerá de las medidas de protección que deriven de violencia de género o delitos por razón de género”, y en el 116 se obliga a todas las entidades federativas a contar con “fiscalías de investigación de delitos por razón de género”.
El paquete de reformas incorpora además la perspectiva de género en materia de seguridad y procuración de justicia, en los artículos 21, 41 y 116.
Sin mención directa de los feminicidios
No obstante, la presidenta no aludió directamente a las víctimas de feminicidio, ni a la homologación de este delito en todo el país para que los asesinatos de mujeres sean investigados como tal, como mencionó en su primer discurso público el martes en el Zócalo.
En los últimos seis años, 23.444 asesinatos de mujeres han ocurrido en México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2018 a julio de 2024, de los cuales 6.027 se clasificaron como feminicidios, y 17.417, como homicidios dolosos de mujeres.
Brecha salarial
“La brecha salarial de género es una práctica retributiva, desigual y, por tanto, injusta”, sentenció Sheinbaum, por lo que “se establece la disposición expresa y específica para que en las leyes del trabajo se establezcan medidas” para erradicarla.
Cuestionada sobre la diferencia salarial en el deporte, donde futbolistas y boxeadoras ganan sueldos abismalmente menores que sus compañeros varones, Sheinbaum aseguró que “en la Constitución va a quedar establecido que no hay brecha salarial (…) entonces las mujeres deportistas van a poder percibir los mismos salarios”.
Además, Godoy mencionó que se modificará la Ley General de Igualdad Sustantiva para definir “por primera vez lo que es brecha salarial de género”, así como “la obligación de que la política nacional sea erradicar esta brecha salarial y fortalecer el acceso a la igualdad”.
Paridad
En cuanto a la paridad de género, la iniciativa establece su obligatoriedad en el artículo 41 “en la Administración Pública Federal y estatal, es decir, que haya gabinetes paritarios, quedará establecido en la Constitución”, apuntó Hernández.
Violencia vicaria
Las reformas a las leyes secundarias también buscarán impulsar la Ley de Violencia Vicaria, para proteger a hijos de padres que los instrumentalizan para violentar a las madres, y la Ley Olimpia para indagar la violencia digital contra mujeres.
Otras leyes secundarias que se reforman son el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, detalló Godoy.
Así como Ley Orgánica de la Administración Pública Federal “para articular el Registro Nacional de Medidas de Protección como un mecanismo de política pública, central y transversal”, agregó Godoy.
