Caracas, 3 feb (EFE).- Cientos de estudiantes universitarios, activistas, familiares de presos políticos y algunos excarcelados protestaron este martes en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, para exigir una amnistía de “amplio alcance”, en un proceso con transparencia y con “garantías de no repetición”, tras la propuesta de ley anunciada el pasado viernes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Los manifestantes se congregaron en la Plaza del Rectorado de la UCV, en Caracas, con banderas, pancartas y fotografías de los cientos de presos políticos reportados por ONGs en el país suramericano.
“Consideramos que la ley de amnistía debe establecerse para todos los casos de procesos abiertos, investigados y juzgados por razones políticas, incluidas las medidas cautelares otorgadas a personas excarceladas”, declaró Octavio González, integrante del Consejo Universitario de la UCV, al leer un manifiesto del Movimiento Estudiantil de esa universidad.
En el documento, la dirigencia estudiantil afirmó que apoya la “necesidad” de la anunciada ley de amnistía y expuso los “elementos fundamentales” que, consideró, debe incluir esta medida.
Entre ellos, destacó que debe ser de “amplio alcance” y que debe estar acompañada del “restablecimiento de los derechos civiles y políticos”.
En el manifiesto también se pide “transparencia” en el proceso y propone que los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas del país, junto a “los mejores estudiantes” de las escuelas de Derecho, participen como “actores de supervisión independiente” para la revisión de los expedientes.
También exigieron “garantías de no repetición”, como la derogación de legislaciones que, a su juicio, “han servido de sustento, arbitrariedad y extralimitaciones por parte del Estado” y mencionaron entre ellas la ley contra el odio y la de fiscalización de las ONGs.
Además, subrayó la importancia del “resarcimiento de daños”, con una “reparación proporcional, oportuna y transparente” del “daño causado” a los presos políticos que, añadió, también afectó a sus familias.
“No puede haber paz o reconciliación sin justicia, porque no puede ocurrir nuevamente en Venezuela que una persona este presa por pensar diferente”, dijo a EFE Yandir Loggiodice, secretario general del Partido Centro Democrático, excarcelado hace dos días de El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Loggiodice, quien había sido detenido el 14 de julio de 2025, consideró que “es el momento preciso” para el encuentro y la reconciliación, y añadió que el Parlamento debe “acelerar” el proceso de aprobación de la legislación.
Por su parte, Víctor Jurado, excarcelado hace tres días, declaró a EFE que espera “con optimismo” que esta amnistía “traiga solución para que cese la persecución de los presos políticos”.
Jurado es coordinador del partido opositor Un Nuevo Tiempo en el estado Falcón (oeste), fue detenido hace ocho meses y estaba encerrado en la cárcel conocida como Tocorón, en el estado Aragua (norte).
“Realmente la ley de amnistía es una oportunidad que tienen los factores políticos que conviven en la Asamblea Nacional para, de una u otra forma, resarcir los daños que ha venido ocasionando esta diatriba de confrontación”, agregó.
La mandataria encargada propuso el pasado viernes una ley de amnistía “reparar las heridas” que ha dejado la confrontación política, una medida que beneficiará a los casos desde 1999, periodo que cubre los Gobiernos del chavismo.
El anuncio lo hizo en medio del proceso de excarcelaciones anunciado a inicios de enero por el Gobierno, que ahora habla de liberaciones desde noviembre y las cifra en 895.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, confirmó 344 excarcelaciones desde el 8 de enero, mientras que registra 687 presos políticos.
