México, 30 ene (EFE).- La condena contra el periodista Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares) a un exgobernador estatal tachado de corrupto, quien lo acusó de “daño moral”, revela la corrupción que padece el Poder Judicial en México, expusieron este jueves el comunicador, su abogado y distintas ONG.
Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asumió la atracción del amparo directo promovido por Aguayo, contra la sentencia de una sala del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México al considerar que la condena a la reparación del daño moral a Moreira viola la libertad de expresión.
“El anuncio de la SCJN es una liberación de la mazmorra en que se ha convertido el Poder Judicial en la Ciudad de México”, dijo este jueves vía telefónica Aguayo, desde Madrid, donde se encuentra para un tema académico.
“Hiciéramos lo que hiciéramos nada servía porque el Poder Judicial de la capital mexicana seguía fallando en mi contra y acosándome, mostrando la existencia de una red de complicidad entre algunos jueces y magistrados con el demandante (el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira”, agregó el periodista.
“Estamos ante un acoso judicial pocas veces visto en más de 25 años de trayectoria de litigio”, dijo el abogado Héctor Beristain, defensor de Aguayo y quien también ha llevado casos de periodistas como Anabel Hernández y Lydia Cacho.
El letrado dijo que la sentencia del magistrado Francisco José Huber Olea fue fundada y motivada en argumentaciones dolosas e interpretaciones erróneas y violatorias de los derechos humanos en materia de libertad de expresión.
“Pero lo más increíble es que sanciona con 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares), la pretensión de Moreira y la ley menciona que en caso de ser responsable de abuso de derecho de libertad de expresión la sanción máximo será de 25.000 pesos (unos 1.327 dólares)”, expuso.
“Es una sentencia aberrante”, dijo Beristain, quien ha pedido que se cese al magistrado porque “a todas luces es una persona corrupta”.
En tanto la representante de la organización Propuesta Cívica, Sara Mendiola dijo que este tipo de demandas es recurrente, cada vez más, por funcionarios públicos.
“El único fin que busca es inhibir la actividad periodística, que se deje de informar el trabajo que desarrollan periodistas y medios de comunicación que incomodan a funcionarios públicos”, apuntó.
Dijo que la sentencia “es un claro ejemplo de cómo opera la corrupción en el Poder Judicial”, además que este tipo de demandas “no buscan el lucro sino generar temor en los periodistas y comunicadores”.
“A Aguayo le quieren cobrar por opinar, es un demanda irrisoria amparada en la figura del daño moral”, dijo Mendiola, quien pidió que haya peritos en materia de trabajos periodísticos porque los jueces desconocen los géneros periodísticos.
En su turno, el representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Jan Albert Hootsein, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocer el escenario de violencia, censura y acoso sobre los periodistas en México y que empeora cada año.
