Washington, 4 mar (EFE News).- Sólo unas 167.000 personas podrían ser afectadas por la política de “carga pública”, instaurada por la Administración del presidente Donald Trump, y que negaría la residencia permanente (“green card”) a ciertos migrantes que reciban beneficios sociales, indicó este jueves el Instituto de Política de Migración (MPI, en inglés).
La política, que empezó a aplicarse el 24 de febrero, ha causado gran preocupación entre los más de 22 millones de extranjeros no nacionalizados que viven en el país con diferentes tipos de documentación, o sin ella, pero según MPI afectará a menos del 1% de ellos.
El instituto estima que “no más de 167.000 personas” calificarían como “inelegibles” para una “green card” en caso estuvieran haciendo uso de alguno de los beneficios listados en la regla de carga pública.
“Este requisito se suma a otros ya aplicados por muchos años como el nivel de educación, el dominio del idioma inglés, las condiciones de salud, la edad, especialmente de los ancianos”, explicó a EFE Randy Capps, del MPI.
“Cualquiera de estos criterios tienen más probabilidades de descalificar a una persona para la residencia permanente, que el mero uso de beneficios públicos”, añadió.
En el caso de personas que estén en Estados Unidos con diferentes tipos de visa o permisos y tengan en marcha su trámite de residencia permanente “esta nueva regla no se aplica si el trámite se ha iniciado antes del 24 de febrero de 2020”, indicó.
“Aunque esta regulación afecte a un número pequeño de personas, es una forma más en la cual la Administración Trump busca reorientar la inmigración legal hacia lo que ellos encuentran positivo”, añadió. “Tal como restringen las ‘tarjetas verdes’ para personas con menos educación y prefieren recibir gente con más educación”.
La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen su proceso judiciales las apelaciones pendientes y después de que el Tribunal Supremo eliminara una exclusión vigente para Illinois. El Supremo había dejado antes sin efecto fallos en contra de esta normativa hechos en cortes de Nueva York, California, Washington y Maryland.
La norma no se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni será retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) o quienes posean cierto tipo de visado.
“Es una regla muy antigua, tiene más de 100 años y su objetivo es asegurarse que uno no se va a convertir en una carga para el Estado”, dijo Según Catalina Sol, directora ejecutiva de la Clínica del Pueblo, sobre la “carga pública”.
Catalina Sol dijo de que migrantes que ya cuentan con la ciudadanía estadounidense han expresado su temor de que se les quite esta condición si aplican a beneficios públicos, y que residentes permanentes temen que les afecte al solicitar la nacionalidad.
“Ninguna de esas cosas son ciertas”, puntualizó Sol, pero añadió que “uno de cada cuatro niños en este país tiene un papá o mamá inmigrante” que pueden desvincularlos de programas de comida o de atención en salud.
“Esa es toda una generación que podría quedar desprovista de cosas básicas que se necesitan para su calidad de vida: alimentación, vivienda, salud”, afirmó.
El informe de MPI explicó que “son muy pocos los programas de beneficios sociales abiertos a los no ciudadanos que no tengan ya la ‘tarjeta verde'”.
“Los no ciudadanos que tienen derecho a la vez para los beneficios sociales y que reciben asistencia pública sujeta a la revisión en la solicitud de la ‘tarjeta verde’ están en situaciones de migración, principalmente humanitaria”, señaló el instituto.
Entre esas categorías se cuentan los haitianos que han recibido permiso para entrar a EEUU como asilados, los cubanos que piden asilo, ciertos ciudadanos de Micronesia, las Islas Marshall o Palau que pueden residir y trabajar legalmente en el país como oriundos de estados libres asociados.
