Lima, 10 oct (EFE).- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, reafirmó este sábado su petición para que la Fiscalía lo interrogue durante su mandato, y no cuando este concluya, el próximo 28 de julio, en una investigación que se sigue por la presunta contratación irregular de un cantante en el Ministerio de Cultura.
Vizcarra reiteró que esta dispuesto a responder y entregar toda la información que se requiera para aclarar su intervención en el caso del cantante Richard “Swing” Cisneros, que en septiembre pasado generó una grave crisis política en el país.
El gobernante se pronunció sobre este tema un día después de que la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, anunciara que iba a respetar la prerrogativa de la inmunidad presidencial y lo investigará cuando termine su mandato.
“¿Para qué esperar tanto tiempo?, insistiré con la Fiscal de la Nación, respetando la independencia de poderes, para que en el tiempo más breve que crea conveniente, ir y dar todas las explicaciones que demuestren con absoluta claridad que no hay ningún delito o irregularidad en este procedimiento”, dijo Vizcarra.
INDICIOS DE CORRUPCIÓN
La fiscal Ávalos informó este viernes que después de analizar la investigación preliminar de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, resolvió que “existe mérito” para investigar a Vizcarra, pero que el inicio de las pesquisas quedará suspendido hasta el 28 de julio de 2021.
La Fiscalía recordó que la Constitución establece que el jefe de Estado no puede ser acusado durante el ejercicio de su mandato para “evitar situaciones de inestabilidad política”.
Sin embargo, Ávalos señaló que “existirían indicios de que el presidente de la República habría ejercido influencias en otros funcionarios, como el caso de la exministra Patricia Balbuena, para la contratación” de Cisneros.
La fiscal general mencionó que Vizcarra también habría tratado de influir en los testimonios que algunas personas debían brindar en la investigación y anunció que sí ha decidido iniciar una investigación preliminar a la exministra Balbuena.
EL CASO “SWING”
La fiscalía considera que Richard Cisneros “habría sido favorecido con contrataciones directas innecesarias durante los años 2018 al 2020, como resultado de sus contactos y tratativas previas desde Palacio de Gobierno hacia el Ministerio de Cultura”.
Esto llevó a que se emitan nueve “órdenes de servicio” a su favor, por un total de 175.400 soles (más de 50.000 dólares), que “habrían sido procesadas, otorgadas y ejecutadas con una serie de irregularidades”, según la investigación preliminar.
Precisamente, un juez peruano revocó este jueves la orden de detención preliminar dictada por este caso contra diez personas, entre ellas Cisneros y las dos exsecretarias de Vizcarra, Karem Roca y Mirian Morales, así como de Óscar Vásquez, quien hasta hace pocas semanas fue uno de los asesores del gobernante.
Morales, Roca y Vásquez pertenecieron hasta hace tres semanas al círculo más cercano a Vizcarra, pero renunciaron a su cargos tras la crisis política causada por la revelación de unos audios en los que se escucha al gobernante hacer coordinaciones sobre el “caso Swing”.
La difusión de esos audios, que supuestamente fueron grabados de manera clandestina por Roca, llevó a un sector de la oposición política a presentar una ptición de destitución del presidente por una presunta “incapacidad moral”, que rechazado por el Congreso el pasado 18 de septiembre.
DESCARTA OBSTRUCCIÓN
Al respecto, Vizcarra rechazó este sábado que exista alguna obstrucción a las investigaciones y aseguró que se han hecho diligencias en el Palacio de Gobierno hasta en cuatro oportunidades y se respondió nueve veces los requerimientos de información.
El mandatario consideró, sin embargo, que existe “desproporción” en el despliegue realizado para indagar sobre la contratación de una sola persona en el Ministerio de Cultura, cuando existen grandes temas de corrupción vinculados con casos como el de la empresa brasileña Odebrecht.
Reiteró, además, que la lucha contra la corrupción “es una bandera” que enarbola desde el inicio de su gobierno, en marzo de 2018, y que seguirá hasta el último día de su mandato, por lo que responderá “de manera transparente” a cualquier requerimiento de la Justicia.
