Los Ángeles, 3 dic (EFE News).- La corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló este miércoles en contra de la aplicación de la regla del Gobierno federal conocida como “carga pública” al considerar que genera un daño financiero a los estados.
La regla establecía nuevos estándares para determinar quién podría convertirse en una carga para el erario público e impedía obtener la residencia permanente en el país a personas con bajos recursos.
La medida ha sido criticada por activistas defensores de los inmigrantes especialmente porque podría llevar a que, ante la pandemia de la COVID-19, algunos inmigrantes contagiados no acudan a los servicios públicos de salud.
De igual forma, varias demandas presentadas contra la regla alegan que la medida lleva a que a que inmigrantes que tendrían derecho a aplicar por ayudas federales como dinero en efectivo, alimentos o subsidio de vivienda, no las utilicen y en cambio busquen ayudas estatales o locales, causando un daño financiero a los gobiernos respectivos.
“El panel concluyó que esto constituye un daño suficiente”, declaró la Corte en su decisión a la que Efe tuvo acceso este jueves.
El panel de tres jueces, que falló a favor de los demandantes en una votación de 2-1, igualmente encontró que “la regla es inconsistente con cualquier interpretación razonable del estatuto de carga pública y por lo tanto contraria a la ley”.
Xavier Becerra, fiscal general de California, que figura entre los estados que han demandado la norma, aplaudió la decisión de la Corte de Apelaciones y aseguró que mantendrá su lucha jurídica contra la medida.
“Mientras continuamos enfrentando una crisis económica y de salud pública sin precedentes, forzar a las familias trabajadoras a escoger entre necesidades básicas o mantener su estatus de inmigración es inhumano”, señaló Becerra en una declaración al conocerse el miércoles el fallo.
La decisión de la corte de apelaciones de California afecta también a Maine, Oregón, Pensilvania y el Distrito de Columbia, según indicó la fiscalía.
Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió un comunicado en el que informó que actualmente “está revisando la orden de la Corte” y no ofreció más comentarios.
