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Los Ángeles, 12 mar (EFE News).- El grupo conservador FAIR criticó severamente este viernes la decisión del gobierno del presidente, Joe Biden, de cancelar la regla de carga pública, una medida establecida por la administración de Donald Trump con la cual se podía negar la residencia legal permanente a inmigrantes que recurrieran a la asistencia pública.
“El principio de que los inmigrantes son autosuficientes es anterior a nuestra república y ha sido codificado como ley desde 1882”, recalcó Dan Stein, presidente de la Federation for American Immigration Reform (FAIR) en un comunicado.
“Pero nada de eso, ni la carga que pesa sobre el pueblo estadounidense, le importa un ápice a una administración (Biden) que está empeñada en eliminar a todos reglas racionales y aplicación en lo que respecta a la inmigración”, ahondó el activista conservador.
Stein se despachó contra la emisión de una regla que termina por echar abajo los cambios hechos por el expresidente republicano, y que desataron protestas y varias demandas, que finalmente acabaron en la Corte Suprema, donde el Gobierno Biden pidió que se desestimase una demanda del Gobierno Trump para mantener viva esta medida.
La regla de carga publica no se aplica desde el pasado 9 de marzo cuando entró en vigor una orden judicial que anulaba esta medida emitida en 2019.
Stein recalcó que la medida establecida por Trump “habría protegido a los contribuyentes estadounidenses de tener que proporcionar costosos beneficios públicos”, como asistencia de vivienda subsidiada, alimentos o beneficios de cuidado de salud, entre otros.
“Combinado con el plan de la administración para otorgar amnistía a más de 14,5 millones de extranjeros ilegales y la subsecuente migración en cadena familiar que podría dar derecho hasta 52 millones de personas más a calificar para tarjetas de residencia, el precio de la eliminación de la regla de carga pública podría ser demasiado alto”, increpó el conservador.
Este no sería el única la oposición que enfrenta la Casa Blanca en referencia a la “carga pública”, este miércoles once estados republicanos presentaron una moción impugnando la decisión del gobierno demócrata de rescindir esta política.
La moción, encabezada por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, es parte de una demanda que su oficina presentó el 3 de febrero contra una reciente política de inmigración emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que detiene la mayoría de las deportaciones durante 100 días, y que no está vigente por una orden de una corte en Texas.
La nueva moción, presentada en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California, se refiere a la regla de carga pública después de que la administración Biden abandonó la defensa de esta regla en la Corte Suprema, en medio del proceso de rescindir la medida.
No está claro si esta moción podrá impactar la decisión del Gobierno, ya que el caso ya fue retirado del Máximo Tribunal.