San Juan, 06 ago (EFE).- Desde este viernes Puerto Rico cuenta con una Ley Contra la Venganza Pornográfica, que establece como delito que se publique o difunda cualquier material sexual o de carácter íntimo sin permiso de las personas implicadas, también conocido como “sextorsion” o extorsión sexual.
Acompañado de varios legisladores, el gobernador de la isla, Pedro R. Pierluisi, firmó el jueves el Proyecto de la Cámara 547 que tipifica como delito la divulgación y publicación de cualquier material explícito de carácter íntimo o sexual.
DELITO GRAVE
La Ley establece que toda persona que, sin autorización de la víctima, a propósito, o con conocimiento que menoscabe divulgando o revelando a terceros materiales explícitos de esta mediante cualquier tipo de comunicación, incurrirá en delito grave.
De acuerdo con la ley, de constituirse este tipo de conductas con el propósito de amenazar, extorsionar o buscar cualquier lucro personal, se incurrirá en delito grave lo que será sancionado con una pena de reclusión por un término fijo de ocho años.
En caso de que el convicto sea reincidente, el Tribunal ordenará su inscripción en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores como Ofensor Sexual Tipo 1.
La conducta delictiva prescribirá a los 10 años.
La penalidad para toda persona que, sin autorización de la víctima, a propósito o con conocimiento menoscabe la intimidad de esta, difunda, divulgue, revele o ceda a un tercero o terceros material explícito de la víctima, mediante cualquier tipo de comunicación, incluyendo comunicaciones electrónicas o utilizando medios de comunicación electrónica o cibernética, será por un término fijo de reclusión de tres años.
De mediar agravantes, la pena podrá ser aumentada hasta cinco años de reclusión o reducida hasta un año de reclusión.
“Todo tipo de conducta que viole el derecho a la intimidad, incluyendo la amenaza y la extorsión, es indignante y reprochable, más aún cuando el objetivo principal es hacerle daño a una de las partes”, dijo Pierluisi tras la firma.
Por eso, agregó, “firmé este proyecto de la autoría de los representantes Ángel Matos, Eddie Charbonier y Ángel Peña para que podamos combatir este mal que tanto daño ha hecho a tantas personas”.
El gobernador estuvo acompañado de la presidenta del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), Carmen Ana González, y de la oficial de cumplimiento de PARE, Ileana Espada.
INCREMENTO EN “SEXTORSION”
Por su parte, Matos, agradeció al gobernador el haber firmado esta “importante medida”, ya que, dijo, las autoridades estatales y federales han observado un incremento en la modalidad de esta conducta conocida como “sextorsion”.
“Ha ocurrido con la única intención de hacer daño y ridiculizar a una, o todas, las partes involucradas en la grabación o toma del documento digital. Todas estas acciones suelen someter a las víctimas de la divulgación a presiones, ridiculización, y daño psicológico y emocional que afecta su desempeño familiar, escolar o profesional”, señaló el representante.
Uno de los casos más notorios fue el ocurrido el pasado mes de abril con el asesinato de Andrea Ruiz, víctima mortal de la violencia machista, y quien antes de ser hallada quemada en la localidad de Cayey, había acudido a la justicia para pedir una orden de detención contra su agresor Miguel Ángel Ocasio, quien, reveló, entre otros, la amenazaba constantemente con publicar material íntimo sin su aprobación.
Este tipo de legislación se ha estado trabajando en diversas jurisdicciones de Estados Unidos. Texas aprobó en 2019 una ley similar que prohíbe compartir imágenes de contenido sexual sin autorización, el delito puede costarle hasta 500 dólares a todo aquel que comparta estos materiales a través de textos, redes sociales, sin que haya sido solicitado.
Actualmente 48 estados, Washington D.C. y Guam han aprobado medidas similares.
