San Juan, 10 nov (EFE).- La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) pidió este miércoles al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, cancelar el contrato con la empresa Luma tras la orden judicial de arresto de su presidente, Wayne Stensby.
El presidente de UTIER, Ángel Figueroa, afirmó en un comunicado que “siempre se ha demostrado que la privatización es la madre de la corrupción y Luma es evidencia de ello”.
Luma Energy se hizo cargo el 1 de junio pasado de la distribución de la electricidad en Puerto Rico, antes en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y en este tiempo se están produciendo más apagones de los ya habituales en la isla y se ha encarecido el servicio, despertando el malestar entre los ciudadanos.
“Que un presidente de una compañía reciba una orden de arresto por negarse a entregar información pública nos puede dar una idea de la magnitud del robo, corrupción y sabrá Dios qué cosas más contienen los documentos que se niegan a entregar”, denunció Figueroa.
El sindicalista calificó a Luma de “empresa criminal” y dijo que fue creada para “desangrar al pueblo de Puerto Rico y enriquecer a unos pocos”.
Figueroa insistió en que el contrato debió declararse “nulo” por ser “malo para el país” y que ahora no hay que pagar “ni un centavo más” a la empresa.
“Desde siempre dijimos que este contrato (…) nos cuesta más de 100 millones anuales, que subía la tarifa, -y ya hemos visto tres aumentos-, y el gobernador Pierluisi lo seguía defendiendo”, criticó.
Figueroa agregó que el desastre de la privatización del sistema de transmisión y distribución es la mejor evidencia de que no se puede permitir la privatización de las plantas de generación.
La orden judicial emitida hoy establece que Luma incumplió el martes con la entrega de documentos que exigió el tribunal ante la demanda incoada por la comisión de la Cámara de Representantes encargada de este asunto.
Stensby debía entregar ayer a las 05.00 de la tarde hora local todas las facturas, hojas de horarios de trabajo y documentos de apoyo generados por sus empleados, consultores y contratistas durante el proceso de transición con la AAE, pero no cumplió con el requerimiento.
“Concluimos que la única manera en que podemos incitar a las demandadas a darle cumplimiento a la orden emitida es a través del desacatado civil, ordenando el arresto e ingreso (en prisión) de su primer oficial ejecutivo”, exigió el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Cuevas informó que Stensby permanecerá en la cárcel “hasta que cumpla en su totalidad con los requerimientos identificados” en la orden.
