Miami, 20 dic (EFE).- Los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott (Florida) y Jim Risch (Idaho) pidieron al presidente Joe Biden mantener restricciones a empresas de Estados Unidos para que no comercialicen con entidades militares cubanas y reconocer al Gobierno de la isla “como uno de los principales patrocinadores estatales del terrorismo en el mundo”.
En una carta de dos páginas dirigida este martes a Biden, los tres senadores aseguran que, en cumplimiento con la seguridad nacional de EE.UU. y el apoyo histórico a la búsqueda de la libertad del pueblo cubano, democracia y el respeto por los derechos humanos, la administración de Biden no debe rescindir la Ley para la Democracia en Cuba (1992), conocida como Ley Torricelli.
Tampoco de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, de 1996, conocida como Ley Helms-Burton, que, ambas, establecen que las restricciones económicas solo se levantarán cuando se celebren elecciones libres.
Esas normas establecen que en la isla deben respetarse los derechos humanos, además del establecimiento de un sistema de libre mercado.
Rubio, Scott y Risc solicitaron que no se repitan las concesiones que otorgó al Gobierno de Cuba el expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017), porque, según apuntaron, no sirvió para mejorar los derechos humanos en la isla.
“En ningún momento durante la administración de Obama el régimen -cubano- hizo esfuerzos para respetar la libertad de expresión, celebrar elecciones libres o deshacer sus atroces programas de trabajos forzados para profesionales médicos”, indican.
Los senadores recuerdan en la misiva que en respuesta a “los flagrantes abusos a los derechos humanos del régimen de Castro/Díaz-Canel”, en enero del 2018 Estados Unidos le prohibió a los estadounidenses participar en transacciones financieras con entidades militares y de inteligencia cubanas.
Aseguran que ahora excluir a las empresas de EE.UU. de la lista de entidades restringidas “será visto como una recompensa al régimen por su opresión de los manifestantes pacíficos, incluyendo menores de edad”.
Destacan que esa iniciativa desmoralizaría a “quienes continúan luchando por la libertad en la isla”.
Le recuerdan a Biden que al inicio de su presidencia, la Administración que lidera anunció una política exterior centrada en la defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos y que el 9 de diciembre del 2022 se comprometió “a seguir responsabilizando a los funcionarios cubanos por la violencia contra protestas pacíficas”.
“Los pueblos de EE.UU. y de Cuba que anhelan el respeto de los derechos humanos en la isla esperan que cumpla con estas promesas”, destacan.
Los tres senadores republicanos aseguran en la carta que más allá de la isla, “el régimen comunista en Cuba sigue patrocinando atentados terroristas contra los aliados de Estados Unidos”.
Denuncian que el Gobierno de La Habana permite al Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que utilicen la isla para planear atentados terroristas en el país sudamericano.
Además, destacan que el Gobierno de Cuba ofrece refugio a personas incluidas en listas de organizaciones terroristas según el FBI, como Joanne Chesimard, antigua miembro del Partido Pantera Negra y el Ejército Negro de Liberación.
Concluyen asegurando que el Gobierno cubano alberga fugitivos responsables de la muerte de estadounidenses, razón por la que Washington debe reconocer a La Habana “como uno de los principales patrocinadores estatales del terrorismo en el mundo”.
