Nueva York, 25 jun (EFE).- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022) conocerá este miércoles su condena, tras haber sido hallado culpable por un jurado de tres cargos por narcotráfico y armas, por los que podría ser condenado a la cadena perpetua.
El ex-mandatario (conocido como JOH), abogado de formación antes de ser diputado y luego presidente del Congreso nacional (2010-2014), ha mantenido su reclamo de inocencia y en una carta enviada el viernes al juez, en la que reiteró que su juicio estuvo “plagado de errores” e “injusticias”, hasta convertirse en un “linchamiento” ejecutado por el sistema de justicia de EE.UU.
“Los fiscales y agentes no hicieron la debida diligencia en la investigación para conocer toda la verdad”, afirmó en la carta al juez Kevin Castel, quien también condenó en marzo de 2021 a su hermano Juan Antonio Hernández, ahora cumpliendo cadena perpetua igualmente por narcotráfico.
En enero del 2022 el Departamento de Justicia de EE.UU acusó a JOH, quien recién había finalizado su término como presidente, de conspiración para importar cocaína a este país, cargo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua, además de otros delitos relacionados con el porte y uso de armas, castigados con entre 30 años y la perpetuidad.
Hernández fue arrestado en su hogar en Honduras en febrero del 2022, esposado de pies y manos, y en abril extraditado a EE.UU, gracias a un acuerdo de extradición concluido durante su gobierno. Solo habían pasado tres meses desde que concluyó su segundo mandato.
Convirtió a Honduras en un narcoestado, según EE.UU.
Estados Unidos asegura que Hernández, de 55 años, usó su poder como presidente para convertir a Honduras en un narcoestado que facilitó la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los EEUU.
En el juicio, que duró poco más de dos semanas, la Fiscalía no pudo aportar pruebas -correos, llamadas u otros mensajes incriminatorios- más allá de los testimonios de los mismos narcos hondureños deportados bajo su Gobierno, quienes testificaron tras negociar beneficios carcelarios.
Los testigos estrella, que cumplen sentencia en prisiones de este país, -y que hablaron como parte de acuerdo previo para obtener reducción de su condena- aseguraron que el exmandatario aceptó dinero de las drogas para llegar al poder, incluso un millón de dólares del cartel de Sinaloa dirigido por el famoso Joaquín “El Chapo” Guzmán.
También dijeron que usó recursos del estado para proteger los cargamentos de cocaína que pasaban por Honduras desde Sudamérica, con destino a México y de allí a EEUU.
Como parte del proceso previo a la condena, su abogado Renato Stabile también envió una extensa misiva al juez para pedir que considere una sentencia máxima de 40 años para su cliente, reafirmar su inocencia y asegurar que seguirá luchando por un juicio “justo”.
Entre las personas que han enviado cartas al juez figura además su esposa, también abogada, Ana García, que utiliza con frecuencia las redes sociales para abogar por su esposo, con el que tiene tres hijos.
“No es justo lo que hicieron contra mi esposo, fue tratado como un prisionero de guerra aislado en una celda para terroristas bajo el proceso que usted dirige. Usted mismo dictó órdenes que luego usted mismo ignoró (…)”, indicó García.
“Fue un proceso donde prevaleció la injusticia que terminó condenando a un inocente. Y eso, señor Castel, lo vio Dios, sus pensamientos y sus manipulaciones. Él las conoce”, argumentó en su ataque al magistrado.
Igualmente dejó claro al juez que “lo que han logrado (con el sistema de justicia de EEUU) es premiar a los delincuentes que dirigen los carteles de la droga que la misma DEA permite que ingrese a los Estados Unidos”.
