México, 11 may (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México declaró este lunes inconstitucional la denominada Ley Bonilla, con la que el gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla, intentó extender su mandato de dos a cinco años.
En una sesión plenaria virtual por la pandemia de COVID-19, los once magistrados del tribunal constitucional mexicano avalaron por unanimidad los recursos de inconstitucionalidad contra la modificación del mandato de Bonilla, gobernador desde el 1 de noviembre de 2019.
Bonilla, del izquierdista Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó a las elecciones para un período de dos años pero, tras ganar los comicios, el Congreso de Baja California modificó la ley para alargar su mandato a cinco años.
El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, fue muy duro con la Ley Bonilla, a la que definió como “un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático” en México.
“El Congreso de Baja California alteró los resultados del proceso electoral concluido al decretar por ley que el gobernador electo por dos años ejerciría su cargo por cinco”, dijo.
Bonilla arrasó con el 50 % de los votos en las elecciones locales de Baja California, estado fronterizo con Estados Unidos, celebradas el 2 de junio de 2019.
Aunque el cargo de gobernador era tradicionalmente por un período de seis años, en estas elecciones se estableció un mandato de solo dos años debido a la reforma electoral mexicana de 2014 para homogeneizar los procesos electorales del país.
Sin embargo, tras celebrarse las elecciones, el Congreso de Baja California reformó la legislación local para alargar tres años más dicho mandato, con los votos a favor del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pero también de los partidos de la oposición.
Ante esto, los dirigentes nacionales de los opositores partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano corrigieron a sus líderes locales y presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad.
A su vez, el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró una “batalla legal para salvaguardar la democracia” y el histórico líder de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas pidió la “desaparición del Congreso local de Baja California”.
Desde el gabinete de Bonilla defendieron la constitucionalidad de la iniciativa puesto que, a su entender, los ciudadanos desconocían la duración exacta del mandato por el que estaban votando.
El presidente López Obrador se deslindó de la polémica y se limitó a emplazar a “las autoridades competentes” a resolver el asunto.
Sin embargo, la secretaria de Gobernación del Ejecutivo mexicano, Olga Sánchez Cordero, reconocida exmagistrada de la Suprema Corte, defendió entonces que la Ley Bonilla era “legal”.
