San Francisco, 28 ago (EFE).- El expresidente de Perú Alejandro Toledo (2011-2006), que se encuentra bajo arresto domiciliario en California mientras se decide sobre su proceso de extradición, podrá salir a la calle cuatro horas cada día, decidió este viernes el juez que lleva el caso.
En una orden judicial a la que tuvo acceso Efe, el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California accedió a la petición del abogado del exmandatario, a la que ni los servicios penitenciarios ni la Fiscalía se habían opuesto.
Aunque Toledo fue detenido por las autoridades estadounidenses en julio de 2019, la mayor parte del proceso judicial hasta la fecha se ha centrado en determinar si existía riesgo de fuga y si por tanto el exmandatario podía o no salir de la cárcel, algo a lo que finalmente el juez accedió en marzo a causa del riesgo en las prisiones por la pandemia de COVID-19.
Desde entonces, el expresidente permanece en su casa bajo arresto domiciliario, aunque los servicios penitenciarios de California denunciaron en abril que había abandonado su hogar en cuatro ocasiones para ir a la playa y a casas de vecinos, lo que le valió las reprimendas del magistrado.
Desde entonces, el comportamiento de Toledo se ha ajustado a las condiciones del arresto domiciliario, por lo que ahora el juez decidió acceder a esta petición de su abogado.
El expresidente está acusado de haber recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú cuando él aún era presidente, y ha pasado los últimos años prófugo de la justicia peruana en el área de la bahía de San Francisco.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Toledo recibió millonarios sobornos de Odebrecht mediante el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien supuestamente luego ingresó ese dinero a cuentas en Costa Rica, entre ellas de la empresa Ecoteva, fundada por la suegra del expresidente.
Maiman, quien reside en Israel, aceptó a fines del año pasado ser “colaborador eficaz” (delator premiado) de la Fiscalía peruana, tras haber declarado que prestó las cuentas de sus empresas para recibir unos 35 millones de dólares de Odebrecht para Toledo.
Por ese motivo, el exgobernante está imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, y desde febrero de 2017 tiene una orden de captura internacional y un mandato de 18 meses de prisión preventiva.
