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March 28, 2024

Las víctimas de la masacre salvadoreña de El Mozote esperan justicia en 2021

Arambala (El Salvador), 10 dic (EFE).- Los sobrevivientes y familiares de las casi 1.000 personas masacradas por el Ejército de El Salvador en El Mozote (1981) esperan que en 2021, cuando se cumplen 40 años de la matanza, los militares procesados finalmente enfrenten un juicio y sean condenados, según dijo a Efe Leonel Claros, presidente de una organización de víctimas.

Más de una docena de mandos militares, incluidos miembros de la cúpula que dirigió el Ejército durante buena parte de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), enfrentan un proceso penal por crímenes de guerra y de lesa humanidad, que actualmente está en la fase de instrucción.

“Sabemos que el caso de El Mozote está bien probado” y “en el aniversario 40 esperamos que haya un juicio” y saber que a los señalados “les han dictado una sentencia”, dijo Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote.

Los cargos que enfrentan los señalados son asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo, terrorismo, desaparición, tortura y desplazamiento forzado.

Todos estos delitos fueron catalogados por el juez instructor de la causa, Jorge Guzmán, como crímenes de lesa humanidad.

Claros, quien perdió a unos 25 familiares en la masacre, duda de que los procesados, aunque sean condenados, lleguen a pisar una cárcel, pero asegura que no cesarán en la búsqueda de justicia.

LA ESPERANZA CAÍDA

El 2019 les dio a los sobrevivientes, de acuerdo con Claros, “alguna esperanza” con la llegada del presidente Nayib Bukele al Ejecutivo, principalmente cuando mandó a borrar de la fachada de un cuartel el nombre del oficial que dirigió en el campo la operación que derivó en la masacre, Domingo Monterrosa, y se reunió con ellos en la Casa Presidencial.

“Nosotros, como víctimas y asociación, estábamos con todas las expectativas de que estábamos por un buen camino”, sostuvo Claros, pero las mismas se perdieron el 21 de septiembre pasado, cuando el Ejército bloqueó el inicio de una diligencia de inspección a archivos militares.

El bloqueo, defendido por Bukele, se extendió a seis unidades militares y llevó al juez del proceso a pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue el papel del mandatario en las mismas para determinar si se cometió algún delito.

Claros relató que los representantes de los sobrevivientes pidieron al juez Guzmán no detenerse en el primer intento.

“Esto ha causado muchas molestias a nivel presidencial”, pero “nosotros como víctimas no estamos en contra del presidente, nosotros lo que buscamos es la Justicia”, acotó el activista de derechos humanos.

Añadió que “no importa a quién se incomode, lo importante es que se llegue a algo”, porque “nuestras víctimas no fallecieron en vano, sino que la sangre de ellos está todavía reclamando justicia”.

“Encontramos testimonios de personas (sobrevivientes) que están indignadas porque el presidente ha negado la apertura de los archivos militares”, dado que “no se está comportando como debería de ser”, subrayó.

EL PRESIDENTE DEBE PEDIR PERDÓN

Claros recordó una cadena nacional de medios de comunicación de Bukele en la que criticó al juez, a las organizaciones que apoyan a los sobrevivientes y al procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, y los acusó de ser “fachada” del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

“La gente en El Mozote espera que él (Bukele) tome una decisión diferente y que pueda pedir perdón a las víctimas”, porque “nunca habíamos visto una cadena nacional de una hora y media hablando de El Mozote y no hablando a favor de las víctimas, sino que utilizándolas”, diciendo que “somos víctimas manipuladas o que obedecemos a un grupo (FMLM)”, agregó.

Claros aseguró que buscan que jóvenes se sumen a su lucha por El Mozote, porque es un caso que puede dar luces para abordar otros casos de violaciones a derechos humanos y para que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado salvadoreño en 2012 por la masacre.

“Vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de la sentencia y la búsqueda de la justicia”, dijo Claros.

Un registro oficial estima que en El Mozote fueron ejecutadas 988 personas, la mayoría menores de edad.

El 10 de noviembre de 1981 comenzó en El Mozote y sitios aledaños esta masacre, en la que soldados del elite Batallón Atlácatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres, de acuerdo con un informe de 1993 de las Naciones Unidas.