Los Ángeles, 4 jun (EFE).-El Gobierno del presidente Joe Biden ha ordenado a los fiscales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que consideren desestimar casos de deportación contra inmigrantes que han sido titulares de residencia permanentes, embarazadas y ancianos, revela este viernes el medio periodístico BuzzFeed.
La Administración demócrata amplió la capacidad discrecional de los procuradores para decidir si prosiguen o abandonan casos de deportaciones contra inmigrantes que no representen un peligro a la seguridad y no hayan cometido faltas graves, en una vía totalmente opuesta a la del hoy expresidente Donald Trump (2017-2021).
En el documento obtenido por BuzzFeed, el Gobierno Biden está instando a los fiscales de ICE a considerar los casos de aquellos migrantes que tienen una condición de salud grave o han estado en EE. UU. desde una edad temprana.
Aunque la guía escrita por el abogado jefe de ICE, John Trasviña, no requiere que los fiscales abandonen los casos, sí enfatiza su capacidad discrecional para elegir qué caso continuar.
Trasviña explicó que los fiscales deben considerar las circunstancias de un inmigrante, instándolos a evaluar los vínculos que tienen en EE.UU., su historial laboral o su condición de víctima o testigo en un proceso penal al decidir si procesar, desestimar o retrasar los casos, detalla BuzzFeed.
La Casa Blanca y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, han insistido en que la prioridad de las autoridades de inmigración es enfocar los recursos en la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional.
El nuevo criterio también podría ayudar en el reto que tiene la Administración de lidiar con el atasco en las cortes de inmigración. Actualmente hay 1.322.938 casos que están esperando ser resueltos en estos tribunales, según datos de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, en Nueva York.
Las recientes directrices del Gobierno Biden hacen parte de una serie de esfuerzos para revocar medidas de la anterior Administración.
A finales de abril, Mayorkas ordenó frenar los arrestos de indocumentados tanto dentro como en las inmediaciones de los juzgados, una práctica por la que han sido detenidas personas por asuntos migratorios cuando acudían o estaban en los tribunales por otro motivo.
Según las nuevas directrices, solo se podrán llevar a cabo arrestos en los juzgados por infracciones a la ley de inmigración bajo “circunstancias limitadas”, como cuando se trate de un asunto de seguridad nacional o si hay “riesgo inminente de muerte, violencia o daño físico a otra persona”.
En 2018, el Gobierno de Trump dio vía libre al ICE para actuar en las cortes federales, estatales y locales en busca de inmigrantes condenados por crímenes, pandilleros o personas con órdenes pendientes de deportación.
