San Juan, 30 oct (EFE).– Puerto Rico anunció este domingo un acuerdo que permite a cada agencia fiscalizar el deber de los patronos de cumplir con el requisito de promulgar protocolos que controlen la violencia doméstica y el manejo de casos de hostigamiento sexual en el trabajo.
Para ello, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado, y la procuradora de las Mujeres interina, Madeline Bermúdez, firmaron el tratado para aunar esfuerzos y reducir este tipo de situaciones laborales.
“Todo patrono está en la obligación de proteger a sus empleados, fomentando ambientes de trabajo seguros y que cuenten con las guías requeridas para canalizar situaciones que puedan poner en riesgo a sus trabajadores, así como quienes visitan su empresa”, precisó Maldonado en un comunicado.
Esta alianza estará vigente hasta el 30 de junio de 2025 y pretende fortalecer los esfuerzos de prevención e intervención en casos de violencia doméstica y hostigamiento sexual en el empleo.
En cumplimiento con la reciente aprobación de la Ley número 82-2022, que enmendó la Ley número 17 de 22 de abril de 1988, se prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo en Puerto Rico.
Conforme a la nueva ley, los patronos privados deberán adoptar el Protocolo Modelo de Prevención y Manejo de Casos de Hostigamiento Sexual publicado por el DTRH o adoptar uno igual o superior a los estándares mínimos establecidos.
“Con este acuerdo fortalecemos los esfuerzos de la lucha en contra de la violencia a la mujer en todos los escenarios, al tiempo que promulgamos política pública para su empoderamiento personal y laboral”, agregó Bermúdez.
El acuerdo colaborativo establece que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR OSHA, en inglés), adscrita al DTRH, tendrá que velar por el cumplimiento de la promulgación de ambos protocolos por parte de los patronos.
De hecho, PR OSHA entregará material didáctico provisto por la Oficina de la Procuradora de la Mujeres (OPM) y coordinará junto a la Procuraduría asistencia técnica para la elaboración de los protocolos y dará un término a los patronos.
Si se incumple el establecimiento de dicho protocolo podría desembocar en multas administrativas.
Como parte del proceso de fiscalización, el DTRH suministrará trimestralmente un informe a la OPM sobre patronos inspeccionados y su estatus de cumplimiento.
Anualmente, el DTRH recibirá datos actualizados sobre las acciones tomadas por la OPM para asegurar el cumplimiento de dichos protocolos.
“Estaremos activos orientando a patronos y empleados sobre los protocolos requeridos por ley, cuyo fin es asegurar el cumplimiento con la legislación protectora del trabajo y otras leyes promulgadas en beneficio de nuestra ciudadanía”, concluyó Maldonado.
