Quito, 22 jun (EFE).- La pandemia del coronavirus confinó en sus casas a 17 millones de ecuatorianos durante tres meses, tiempo en el que han surgido numerosas denuncias de corrupción en el sistema sanitario del país, que transitan entre la espectacularidad de los casos y la indignación de la población.
Bolsas para fallecidos a 148 dólares, cuando en el mercado se cotizaban a 12, la supuesta entrega de coimas para recuperar cadáveres y denuncias de sobreprecios en la adquisición de insumos médicos y medicinas para hospitales en plena cuarentena, figuran en la parrilla de investigación de la Fiscalía.
Además se cuentan decenas de allanamientos y detenciones, algunas tan llamativas como la del expresidente Abdalá Bucaram (1996-97), que guarda arresto en su domicilio, donde se encontró un cargamento de insumos médicos, aunque la causa en su contra es la tenencia irregular de un arma de fuego.
También el accidente de una avioneta ecuatoriana en la zona peruana de Tumbes, cerca de la frontera, en la que viajaba un amigo del hijo de Bucaram, implicado en otro escándalo.
CORRUPCION EN MOMENTOS MUY SENSIBLES
Para la directora de la firma de investigaciones y estadísticas Perfiles de Opinión, Paulina Recalde, este tipo de casos generan, evidentemente, “mayor rechazo en la población, porque tienen que ver con un área tan sensible como la salud, en medio de una pandemia”, que no ha claudicado en dejar sus efectos sanitarios, económicos y sociales.
Pero también es notorio “la espectacularización en el modo como se están tratando, cómo se llevan adelante los allanamientos y la forma como actúan” las autoridades judiciales y del Ejecutivo sin una debida “separación de poderes”, opinó Recalde en una entrevista con Efe.
Y es que para ella, esta situación se ha convertido en “una encrucijada para el Gobierno”, porque ha perdido peso su discurso de culpar de la corrupción al Gobierno de su antecesor y exaliado, Rafael Correa (2007-2017), como si de ello dependiera su existencia.
Para la investigadora, las denuncias de corrupción “están en la propia casa” y en el vecindario del Ejecutivo, así como en las esferas del oficialismo.
MAS DE 60 CASOS INVESTIGADOS
Agobiado por las denuncias de sobreprecios que han salpicado a varios de sus aliados, el presidente ha asegurado que dará batalla sin cuartel a la corrupción, “caiga quien caiga”.
La Fiscalía del Estado creó incluso, a inicios de junio, una “Fuerza de Tarea” junto a la Policía y otras instituciones del Estado para las investigaciones.
Yanina Villagómez, fiscal de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, informó que se investigan más de 60 casos de corrupción y que se han ejecutado allanamientos en 27 ciudades.
UNA FUGA AUDAZ, PERO CON POCA FORTUNA
Uno de los mayores escándalos en los últimos tiempos tiene que ver con la detención del legislador oficialista Daniel Mendoza en investigaciones en torno a la construcción del Hospital Básico de Pedernales.
La Fiscalía ha formulado cargos contra seis personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, quienes formarían parte de una estructura de corrupción en el proceso de construcción del hospital.
Según la fiscal general, Diana Salazar, el asambleísta, valiéndose de su cargo, habría coordinado algunas acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí, que incluyeron la construcción del hospital.
Y mientras avanzan esas investigaciones, la ciudadanía sigue pendiente del caso contra Daniel Salcedo, un amigo cercano del excandidato presidencial Dalo Bucaram, hijo del ex jefe de Estado Abdalá Bucaram.
El caso de Salcedo rozó la espectacularidad cuando la avioneta en la que salió de forma poco ortodoxa hacia Perú, el pasado 8 de junio junto con su novia, la exreina de belleza Jocelyn Mieles, se estrelló cerca de la ciudad peruana de Tumbes.
El piloto fue el único fallecido en el accidente, mientras los otros ocupantes resultaron heridos, incluido Salcedo, quien fue deportado y está bajo prisión preventiva con fines investigativos.
Por otra parte, la Justicia también abrió indagaciones por presunta irregularidad en la compra de insumos médicos contra ocho personas en la prefectura del Guayas, entre ellas su titular, Carlos Luis Morales, fallecido este lunes de un infarto fulminante.
Fernando Arroyo León
